El caso del diario ‘El Universo’ seguramente pasará a la historia como uno de los episodios más vergonzosos para la democracia y la vigencia de las libertades en el Ecuador contemporáneo. La truculenta historia de este caso se remonta a la publicación en el diario de un artículo de opinión suscrito por el señor Emilio Palacio (editor de opinión del medio), en el mes de febrero de 2011, titulado ‘No a las mentiras’. En él el señor Palacio analiza los sucesos acaecidos en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (originada en una reforma legal aprobada por el oficialismo, que los policías consideraron afectaban sus derechos adquiridos), y conjetura -el señor Palacio- sobre la responsabilidad presidencial en torno al asalto militar ordenado al Hospital de la Policía Nacional en Quito, para proceder con lo que se denominó ‘el rescate del Presidente, retenido contra su voluntad por los policías insurrectos’.
El proceso judicial, cuyo recurso de casación acaba de ser negado por una de las salas de recientemente integrada Corte Nacional de Justicia, está plagado de hechos por decir lo menos inusuales en el trámite de un juicio. Inusuales para cualquier juicio, también de los que se dan en Ecuador. Algunos de esos hechos son: un comunicador, los directivos y el medio de prensa que publicó su nota editorial (Diario El Universo –una persona jurídica-) son juzgados por opiniones del primero, las mismas que para el supuesto agraviado afectan la honra de la primera autoridad del Estado ecuatoriano. El supuesto agraviado dice presentarse al juicio como ‘ciudadano común y corriente’, a pesar de que ha utilizado su cargo para difundir sus opiniones –en más de una ocasión descomedidas e injuriosas-, para descalificar a los demandados y a sus críticos, para influir en los jueces y presionarlos a su favor, y para acelerar a su conveniencia los trámites del juicio. El juez de primera instancia, un magistrado de intervención circunstancial, dictó sentencia en menos de 12 horas luego de estudiar un proceso de al menos 5 mil páginas y redactar un fallo de casi 150 hojas.
Ese mismo juez encontró la existencia de un ‘delito coadyuvante’ (inédito en la legislación y jurisprudencia ecuatoriana) en los tres dueños del medio por las opiniones de su editorialista y en el medio de comunicación (una empresa -ficción legal-) los sentenció al editorialista y a los tres propietarios del medio a cumplir una pena de 3 años de prisión y al pago de US$ 40 millones al demandante; la segunda instancia también obró en forma diligente a favor de la tesis oficial, sin observar las innumerables violaciones al debido proceso; la Corte Nacional, que se posesionó a fines de enero de 2012 y que tiene varios miles de juicios –sin duda menos urgentes- por resolver en su primer mes de funciones ya citó a las partes para la audiencia de casación, que se celebró el 15 de febrero de 2012. En todas las audiencias a las que asistieron, las partes demandadas fueron ofendidas de palabra y de obra por gente que mostró su simpatía por el demandante, ‘un ciudadano común y corriente’ en el juicio. Publicaciones de los periódicos (El Universo y El Comercio) de ese día fueron quemadas en las afuertas del edificio de la Corte por esos mismos simpatizantes.
Llama la atención que, a pesar del escandaloso atropello a la institucionalidad de la administración de justicia y a las leyes, a la división de poderes que garantiza la democracia y el régimen constitucional, y a las libertades ciudadanas (opinión y expresión) que están garantizadas en nuestra legislación (una nueva Constitución, la vigésima a la que se califica de ‘garantista de derechos’ está vigente desde el año 2008), una gran mayoría de ciudadanos haya contemplado con resignación y no poco temor cómo el juicio de marras continúa sin que haya una mayoritaria y enérgica reacción ciudadana en defensa de sus libertades y el orden constituido. El por qué de esta conducta? Se pueden ensayar algunas interrogantes: Será que la población se ha habituado a presenciar cómo cada cierto tiempo el poder ventila sus vendettas a espaldas de las necesidades del país? Será la –en ocasiones- cuestionable conducta de los medios de comunicación, sus propietarios y comunicadores? Será que la ciudadanía está agotada de la inestabilidad política que persiste en Ecuador desde 1995 (cuando un VicePresidente y luego 3 Presidentes elegidos debieron dejar el poder en medio de masivas revueltas populares), a pesar de existir hoy un gobierno que reivindica amplias y repetidas mayorías electorales? Será que los medios privados equivocaron el camino y reaccionan más por instinto de supervivencia antes que por principios? Será que el temor se ha apoderado de la ciudadanía y la ha inmovilizado? Será que hay un importante grupo de personas y de grupos de diversa índole que, guardando un silencio discreto, prefiere aprovechar de líos ajenos para hacer sus buenos o malos negocios –según el caso- sin que nadie los controle ni se percate de ello? Será que de verdad a alguien le importa en el Ecuador la defensa de las libertades?
Se pueden plantear muchos cuestionamientos al respecto y también ensayar muchas respuestas. Lo cierto es que con este tipo de ejemplos el Ecuador dista mucho de resolver los problemas de fondo de la administración de justicia y de garantizar una convivencia pacífica y civilizada.
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