Política Comercial: Un vistazo general a la región Centroamericana

Política Comercial: Un vistazo general a la región Centroamericana

28 de febrero de 2012

Escrito por: Roberto Castillo*, MGPP 2012, Licenciado en Economía y Negocios

Por fortuna del destino, yo tuve la dicha de conocer un poco acerca de cómo funciona la política comercial que Centroamérica aplica tanto extra-regionalmente como intra-regionalmente, es un esfuerzo maravilloso el que se está realizando. Sin embargo, hay varias piezas en el rompecabezas que hacen falta para poder decir que todo es un esfuerzo bien articulado.

Pasando por los anales de la historia, vemos que Centroamérica siempre ha tenido problemas para compatibilizar los dos pilares principales de su política comercial. En la parte regional, Centroamérica viene desde los años 60 tratando de lograr una integración, para lo cual han fundado importantes instituciones, como el Sistema de Integración Centroamericana y el su Subsistema Económico. Es este segundo el que tiene a su cargo velar por la planeación estratégica, que bajo el lineamiento de los ministros responsables del comercio exterior, dictan la política comercial regional.

En la parte extra-regional, los países centroamericanos no tienen una obligación los unos con los otros de dictar una política comercial común, pero vale la pena decir que en muchas ocasiones han hecho esfuerzos conjuntos, tales como el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Acuerdo de Asociación con Europa y más recientemente, la unificación de los distintos acuerdos que los países centroamericanos tenían con México en uno solo.

Para ejemplificar el problema que ambas partes de la política no están unificadas, se puede revisar el caso de la sociedad con México. Costa Rica y Nicaragua tienen tratados de libre comercio individuales con México, mientras que El Salvador, Guatemala y Honduras tienen un solo tratado de libre comercio con México, que establece una zona de libre comercio entre cada país y México, pero que no gobierna la relación comercial entre los países centroamericanos.

Entrados ya varios años de este tratado, los países centroamericanos decidieron unificar en un solo tratado estos tres ya que se percataron de los beneficios de acumulación en el origen de las mercancías, aprovechando el entrelazamiento de las industrias centroamericanas, para gozar de los beneficios arancelarios obtenidos en las negociaciones individuales. Este esfuerzo merece un aplauso de la comunidad exportadora centroamericana ya que le abre más oportunidades a ese mercado, permitiéndole abastecerse de más fuentes y siempre obteniendo los mismos beneficios.

El problema de esto es que se tomo una ruta muy larga para lograr este esfuerzo. Si en sus inicios, esta negociación hubiera sido realizada en bloque, estos beneficios hubieran estado disponibles para Centroamérica. Como dicen por ahí, a veces lo importante no es llegar primero, sino saber llegar, pero una mejor planificación de la política comercial regional hubiera permitido llegar antes.

Son casos como este, o inclusive otros peores, donde solamente algunos países centroamericanos tienen tratados de libre comercio con socios que no son comunes a los demás, donde se pone en peligro la Integración Centroamericana. Es entendible que no siempre los países van a poder hacer todo juntos, pero a veces estos rompimientos en la política externa se dan con demasiada facilidad y siendo que Centroamérica es una región con pocas ventajas comparativas, necesita poder tomar todas las que tiene y maximizarlas.

En conclusión, este comentario no es ni pro, ni contra la integración o la soberanía de los países, solamente un ejemplo ilustrativo en donde se demuestran los beneficios y percances de ambas rutas. En siguientes artículos continuaremos explorando esta temática para poder profundizar en la relevancia de la política comercial centroamericana.

*Para comentar un poco mi experiencia en el área, trabaje en temas de comercio internacional como Negociador de Comercio Internacional para el Ministerio de Economía de El Salvador, donde participe en varias de las negociaciones comerciales en las que se ha embarcado el país entre los años 2004 y 2011.

La libertad de expresión en Ecuador

El caso del diario ‘El Universo’ seguramente pasará a la historia como uno de los episodios más vergonzosos para la democracia y la vigencia de las libertades en el Ecuador contemporáneo. La truculenta historia de este caso se remonta a la publicación en el diario de un artículo de opinión suscrito por el señor Emilio Palacio (editor de opinión del medio), en el mes de febrero de 2011, titulado ‘No a las mentiras’. En él el señor Palacio analiza los sucesos acaecidos en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (originada en una reforma legal aprobada por el oficialismo, que los policías consideraron afectaban sus derechos adquiridos), y conjetura -el señor Palacio- sobre la responsabilidad presidencial en torno al asalto militar ordenado al Hospital de la Policía Nacional en Quito, para proceder con lo que se denominó ‘el rescate del Presidente, retenido contra su voluntad por los policías insurrectos’.

El proceso judicial, cuyo recurso de casación acaba de ser negado por una de las salas de recientemente integrada Corte Nacional de Justicia, está plagado de hechos por decir lo menos inusuales en el trámite de un juicio. Inusuales para cualquier juicio, también de los que se dan en Ecuador. Algunos de esos hechos son: un comunicador, los directivos y el medio de prensa que publicó su nota editorial (Diario El Universo –una persona jurídica-) son juzgados por opiniones del primero, las mismas que para el supuesto agraviado afectan la honra de la primera autoridad del Estado ecuatoriano. El supuesto agraviado dice presentarse al juicio como ‘ciudadano común y corriente’, a pesar de que ha utilizado su cargo para difundir sus opiniones –en más de una ocasión descomedidas e injuriosas-, para descalificar a los demandados y a sus críticos, para influir en los jueces y presionarlos a su favor, y para acelerar a su conveniencia los trámites del juicio. El juez de primera instancia, un magistrado de intervención circunstancial, dictó sentencia en menos de 12 horas luego de estudiar un proceso de al menos 5 mil páginas y redactar un fallo de casi 150 hojas.

Ese mismo juez encontró la existencia de un ‘delito coadyuvante’ (inédito en la legislación y jurisprudencia ecuatoriana) en los tres dueños del medio por las opiniones de su editorialista y en el medio de comunicación (una empresa -ficción legal-) los sentenció al editorialista y a los tres propietarios del medio a cumplir una pena de 3 años de prisión y al pago de US$ 40 millones al demandante; la segunda instancia también obró en forma diligente a favor de la tesis oficial, sin observar las innumerables violaciones al debido proceso; la Corte Nacional, que se posesionó a fines de enero de 2012 y que tiene varios miles de juicios –sin duda menos urgentes- por resolver en su primer mes de funciones ya citó a las partes para la audiencia de casación, que se celebró el 15 de febrero de 2012. En todas las audiencias a las que asistieron, las partes demandadas fueron ofendidas de palabra y de obra por gente que mostró su simpatía por el demandante, ‘un ciudadano común y corriente’ en el juicio. Publicaciones de los periódicos (El Universo y El Comercio) de ese día fueron quemadas en las afuertas del edificio de la Corte por esos mismos simpatizantes. 

Llama la atención que, a pesar del escandaloso atropello a la institucionalidad de la administración de justicia y a las leyes, a la división de poderes que garantiza la democracia y el régimen constitucional, y a las libertades ciudadanas (opinión y expresión) que están garantizadas en nuestra legislación (una nueva Constitución, la vigésima a la que se califica de ‘garantista de derechos’ está vigente desde el año 2008), una gran mayoría de ciudadanos haya contemplado con resignación y no poco temor cómo el juicio de marras continúa sin que haya una mayoritaria y enérgica reacción ciudadana en defensa de sus libertades y el orden constituido. El por qué de esta conducta? Se pueden ensayar algunas interrogantes: Será que la población se ha habituado a presenciar cómo cada cierto tiempo el poder ventila sus vendettas a espaldas de las necesidades del país?  Será la –en ocasiones- cuestionable conducta de los medios de comunicación, sus propietarios y comunicadores? Será que la ciudadanía está agotada de la inestabilidad política que persiste en Ecuador desde 1995 (cuando un VicePresidente y luego 3 Presidentes elegidos debieron dejar el poder en medio de masivas revueltas populares), a pesar de existir hoy un gobierno que reivindica amplias y repetidas mayorías electorales? Será que los medios privados equivocaron el camino y reaccionan más por instinto de supervivencia antes que por principios? Será que el temor se ha apoderado de la ciudadanía y la ha inmovilizado? Será que hay un importante grupo de personas y de grupos de diversa índole que, guardando un silencio discreto, prefiere aprovechar de líos ajenos para hacer sus buenos o malos negocios –según el caso- sin que nadie los controle ni se percate de ello? Será que de verdad a alguien le importa en el Ecuador la defensa de las libertades?

Se pueden plantear muchos cuestionamientos al respecto y también ensayar muchas respuestas. Lo cierto es que con este tipo de ejemplos el Ecuador dista mucho de resolver los problemas de fondo de la administración de justicia y de garantizar una convivencia pacífica y civilizada.