Gustavo Robaina
Licenciado en Trabajo Social
MGPP 2013
El presente ensayo
busca presentar el caso del proceso de la creación y aprobación del Impuesto a
los Inmuebles Rurales, cuyo trámite parlamentario culminó el día 28 de
diciembre de 2011, como representativo de las disputas y tensiones que posee el
actual gobierno del Frente Amplio. Así mismo representa un sello de la
administración Mujica, en afán de marcar “señales de izquierda” a su gestión.
Este proceso de búsqueda de hegemonía se ha salido de los canales
institucionales del gobierno y del partido político asumiendo características
de espectáculo político en el sentido de Edelman. A su vez, estas tensiones
representan los límites del pragmatismo que el Frente Amplio en su segundo
gobierno de izquierda ha venido administrando.
1.
Contexto
y Antecedentes
El mandato
Presidencial llevado adelante por José Mujica inició en marzo de 2010 como
continuidad al desarrollado por el primer presidente de izquierda Tabaré
Vázquez. La conformación de la fórmula presidencial Mujica-Astori vaticinaba
estas tensiones ya que la misma había sido la salida política de consenso –pese
a las elecciones internas que dieron el respaldo a Mujica dejando en segundo
lugar a Astori- a la interna del Frente Amplio, mediante un pacto implícito en
el cual Astori aceptaba el lugar de vicepresidente pero asumiendo una “co-gestión”
del ejecutivo, en particular con el mantenimiento de la política económica por
parte de su equipo.
2.
El
Impuesto del Presidente
El Presidente José Mujica
y la bancada parlamentaria del MPP, sin previo aviso al gabinete, lanzan a la
opinión pública la creación de un impuesto directo a los propietarios de
grandes extensiones rurales. El mismo, había sido elaborado por la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP)- nótese sin la participación del Ministerio de
Economía y Finanzas- quien es liderada por el economista Gabriel Frugoni, un
hombre de confianza del presidente y del MPP. Esta política posee 2 objetivos
explícitos: 1) generar una mayor recaudación fiscal mediante la contribución de
quienes poseen tierras pero con el objetivo de reinvertirla para mejorar las
condiciones logísticas del medio rural, en particular la camineria y 2)
desincentivar la concentración de la tierra. La propuesta de Mujica prevé
gravar a los propietarios de grandes extensiones de tierra, mediante tres
franjas de pago por año y por hectárea. A partir de 2.000 hectáreas, el
productor pagaría US$ 8 por hectárea; a partir de 5.000 hectáreas, US$ 12; y
por áreas superiores a 10.000, US$ 16. Esta propuesta generó un duro
enfrentamiento entre Astori y Mujica los cuales eran las caras visibles de una
discusión política entre los sectores vinculados al Vicepresidente, Frente
Liber Seregni (FLS) y el MPP. Las gremiales rurales (Asociación Rural del
Uruguay y Federación Rural del Uruguay) expresaron su rechazo a la iniciativa.
Desde del inicio el debate la negociación se dio a través de la prensa llegando
a requerir una reunión privada de ambos mandatarios en donde coincidieron en
“bajarle el perfil” a la discusión. Finalmente, el Presidente Mujica y su
equipo lograron el apoyo del Congreso de Intendentes (órgano que nuclea a los
19 intendentes departamentales) dándole respaldo a la iniciativa. Se abrió un
espacio de negociación frente a las propuestas que el astorismo presentó y
finalmente se aprobó un proyecto de ley que incorporó una segunda sección con modificaciones
a otros impuestos ya existentes creados en la Reforma Tributaria liderada por
Astori en el período anterior que contemplaba la recaudación por productividad
de la tierra.
3.
Los
argumentos de los actores:
El presidente Mujica lideró la
discusión de esta iniciativa pero no lo hizo a través de los canales
institucionales sino que privilegió su alocución radial semanal desde la cual
defendió la iniciativa, le respondió a las gremiales al tiempo que buscó alinear
al gobierno. Mujica llevó adelante la iniciativa como una propuesta cerrada, de
su autoría y que estaba dispuesto a imponer en el seno del gobierno pese a que
sabría que tendría diferencias. Luego relativizó su postura habilitando que en
seno del parlamento, y no en el ejecutivo, se le introdujeran cambios que
contemplaran algunas propuestas del astorismo. Los argumentos de Mujica se
dirigieron desde el inicio a la ciudadanía en general y en particular a los
destinatarios del impuesto. "Los
grandes propietarios se me enojan. Han hecho una fortuna tranquilamente
esperando que el valor de la tierra se multiplicara. Y les estamos pidiendo
unos pesitos para atender la profunda caminería rural por esta gente, entre
otras cosas. Cosas que los va a favorecer a la larga a ellos. Pero se ponen
furiosos". "No te aplasto,
no te corro, no te recorto. ¿Qué pedimos? Un poco de colaboración. Te pido des
una manito para ayudar a las zonas del Interior que tienen más dificultades y
creo que eso contribuye a la estabilidad del país y a una mejora de la
sociedad". Así mismo utilizó los medios de
comunicación para retrucar e ir “negociando posiciones” al tiempo que marcando
su opinión y mandato a la interna del gobierno.
Al respecto de las críticas en el seno del gabinete y en el parlamento
el presidente decía: "podría llamar al
Plenario (del FA), pero el presidente no va a pedir nada. El presidente va a
impulsar cosas como ésta y se va a bancar la que le toque" . El Vicepresidente también dio
la batalla por los medios de comunicación en donde manifestó su molestia y su
postura (técnica y política) contraria a esta iniciativa aunque compartiendo
“el espíritu”: "se podrá decir que en realidad es poco dinero para el país y es verdad,
porque lo que está en juego son US$ 60 millones aproximadamente". Pero
"el problema es que un cambio puede sugerir que en el futuro va a haber
más cambios y eso puede originar dudas, falta de previsibilidad, riesgos que
los inversores pueden ver dibujados en el horizonte y que tengan una influencia
negativa en sus decisiones de inversión. Eso es lo que me preocupa” “Si el impuesto a la tierra
tiene los efectos negativos que pienso que puede tener, puede afectar el valor
de la tierra y dificultar el mantenimiento de altos niveles de productividad en
el agro”.
Los argumentos del vicepresidente estaban en consonancia con los de las
gremiales agropecuarias que reúnen a los productores rurales de todo el país
los cuales sistemáticamente esgrimían argumentos relativos a la carga
tributaria, los costos de producir aunque no pudieron negar que estuvieran en
un contexto desfavorable "pensar en
un Uruguay con más impuestos hace inviable tener una empresa o una
producción", sostuvo el presidente de la Federación Rural mientras que
la Asociación Rural plantea que "La
mejor forma de tributar es a través de la renta. Estamos tributando de una
forma lógica, justa y equitativa; aportamos todos por igual”.
4.
Las marcas
de identidad: “una manito” hacia la izquierda
La idea central de este ensayo es
que la creación del impuesto, su proceso de debate y aprobación trascienden los
objetivos explícitos que se marca en la política operando como instrumento de
“seña de identidad” para el presidente Mujica y una buena parte del gobierno en
contraposición a la visión representada por el Vicepresidente Astori y los
sectores afín a este que actualmente lideran la política económica. Si se
consideran los argumentos expuestos por los actores más relevantes la discusión
tomó ribetes políticos y de lucha de posiciones más que analizar el instrumento
de recaudación y los fines que se persiguen. De hecho, la cifra que pretende
recaudar no es significativa para los fines que se pretende pudiendo quizá
haber sido remplazada por otro instrumento que generara una recaudación mayor,
pero quizá e valor de la seña de identidad compense la probable poca eficiencia
vaticinada por el equipo económico liderado por Astori.
Este proceso podría ser entendido
en términos de lo que Edelman ha denominado el espectáculo político en las democracias de masas (Gallegos y
Amparán, 2011). El autor analiza tres elementos en que opera la cultura en los
procesos políticos en las sociedades de masas: los símbolos, el lenguaje
político y el espectáculo político propiamente dicho (Gallegos y Amparán, 2011).
La creación del impuesto podría constituir un símbolo político con el cual se busca satisfacer necesidades
simbólicas de un sector de la sociedad. El símbolo de izquierda podría entenderse como una señal hacia los sectores
de la coalición que se han visto insatisfechos con las reformas y las
“profundización de los cambios” una de las consignas del gobierno de Mujica y
por lo cual muchos sectores optaron por darle su apoyo frente al astorismo y la
política de la “seguridad y confianza”. Representa un símbolo para el MPP de
donde se origina la propuesta y que Mujica asume la responsabilidad de tramitar
políticamente y que en caso que se quieran hacer cambios, que lo resuelva el
parlamento. Por otro lado, en cuanto al lenguaje
político es una característica de este presidente la utilización de un
lenguaje llano, cotidiano y de cercanía. Ha caracterizado su modus operandi
político y es una de las claves de su éxito electoral. Según Edelman “las metáforas son poderosas políticamente
porque cumplen funciones cognitivas, valorativas y afectivas” (Gallegos y
Amparán, 2011: 112). La metáfora de “la manito” es altamente significativa ya
que busca mediante un lenguaje coloquial transmitir una idea al tiempo que despertar
lealtades y compromisos de forma empática y sin confrontaciones hacia quienes podrían
ver en la creación del impuesto el fantasma de la reforma agraria. Mujica dijo
que el impuesto está dirigido a quien hace diez años compró algo por US$ 300 y
ahora vale US$ 3.000. "A ese señor
le estamos pidiendo: loco dame una manito. Una manito para mejorar las vías de
comunicación en el interior". El impuesto a la
tierra no es cualquier tipo de impuesto, ya que para la izquierda podría representar
un debe de la década de los 60, una reminiscencia de “aquella izquierda” que el
presidente Mujica recuerda pero dice apartarse, no así el MPP quien ve en
muchas propuestas la vigencia suficiente para buscar llevarlas a la práctica
actualmente. Finalmente el espectáculo político se termina de delinear mediante
la construcción de un escenario –los medios de comunicación- en donde los
actores debaten y confrontan posiciones generando antagonismos y
contradicciones que alimentan “la novelería política”.
Esta disputa que se genera a la interna del gobierno y que se presentó de forma
muy sintética es reflejo de dos visiones de cómo se construye el proyecto de
socialdemocracia uruguaya liderado por el Frente Amplio desde el año 2005.
Este proceso que ha vivido el Frente Amplio desde el año 1971 fecha en que se
fundó ha atravesado, además de la dictadura militar, los mismos procesos que
partidos de masas y con características similares a Brasil, Chile y con algunos
matices a Argentina. Para Rilla el FA muestra los trazos de su modelo
genético y es por lejos el partido más fraccionalizado del sistema uruguayo
(Piñeiro y Yaffé 2004), con varios de sus grupos representados en el Parlamento
y una diversificación ideológica considerable. En su seno conviven sectores moderados,
que se sienten más cómodos con la pauta social democrática, junto a sectores
que encaran esta orientación a regañadientes y con actitudes críticas”(Rilla, J
2011). Alain Rouqué (2009) ha denominado a estos partidos como desarrollistas sociales. Para Rouqué
“privilegian una cultura del compromiso y del consenso, evitando las oposiciones
que polarizan; son muy cuidadosos de las instituciones, pero evitan los
enfrentamientos y parece favorecer el inmovilismo más o menos conservador que
propone los cambios” (Rouqué, 2009: 30). El denominado pragmatismo que ha
caracterizado a la constitución de los partidos catch-all
en América Latina ha permitido crecer electoralmente para llegar al control del
gobierno e iniciar las transformaciones detrás del binomio desarrollo con
igualdad. Si bien se han desideologizado las discusiones y la elaboración de
los programas de gobierno cabría preguntarse ¿cuáles son los límites de ese
pragmatismo para un partido que pretende perdurar en el poder para generar
transformaciones profundas?. ¿La discusión de ideas y de resolución de
consensos en el partido político no es una opción válida debido a la crisis de
representación política en la que estamos inmersos?. ¿Cómo se profundiza la
democracia si la resolución de las políticas públicas depende de ventanas de
oportunidad a la interna de un gobierno que calcula posiciones y lidera
iniciativas que buscan marcar posiciones sin considerar la validez o impacto de
los instrumentos? Quizá la vuelta a la discusión de ideas con sustento
pragmático de instrumentos logren al menos disminuir las tensiones de la
convivencia en una coalición que ha sabido amortiguar sus diferencias pero que
el desgaste de la gestión de gobierno requiere blindajes para seguir
compitiendo con la oposición y por lo tanto mantener el capital político que la
soporta.
5. Referencias Bibliográficas
·
Gallegos,
Alejandro y Amparán, Aquiles (2011). “Símbolos, lenguaje y espectáculo en la democracia: el
escepticismo político de Murray Edelman”.
Revista Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad Vol. XVIII
No. 50. Mexico.
·
Lanzaro, Jorge (2010). “Uruguay:
un país socialdemocrático en América Latina”. Revista
Uruguaya de Ciencia Política - Vol. 19 N°1 - ICP – Montevideo
·
Ottone, Ernesto.
(2011). “Gobernar la Globalización”.
Ed. Universidad Diego Portales
·
Rilla, José (2010) “Revisionismos
e izquierdas en Uruguay y Argentina”.
Revista Uruguaya de Ciencia
Política - Vol. 19 N°1 - ICP – Montevideo.
·
Rouquie, Alain.
(2009). “La democracia en América Latina:
entre la esperanza y la sospecha”.
·
Conferencia
realizada en la Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego
Portales
Referencias web
www.parlamento.gub.uy/ Ley%2018.876.htm
Para Edelman “el escenario principal de la política
no son los parlamentos o las salas de juntas políticas; son los medios de
comunicación, y más concretamente, las noticias políticas” (Gallegos y Almarán 2011: 120)